Por Máximo Brizuela, secretario General:
El 24 de febrero de 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se plasmó la Declaración de los Derechos de los Trabajadores.
Esa declaración sintetizó diez derechos básicos para todos los trabajadores de la República Argentina:
- Derecho al trabajo
- A una justa distribución
- A la capacitación
- A condiciones dignas de trabajo y de vida
- A la salud
- Al bienestar
- A la seguridad social
- A la protección de la familia
- Al mejoramiento económico
- A la defensa de los intereses profesionales
En aquel entonces esa declaración de derechos y todas las legislaciones en materia laboral que le sucedieron, pretendían refundar nuestro país en materia de bienestar y justicia para la armonización social.
78 años después, como en otros momentos de nuestra historia, se intenta nuevamente retroceder en el reconocimiento de esos derechos básicos, bajo paradigmas falaces que ponen a las condiciones laborales vigentes, como una de las consecuencias del deterioro económico o capacidad de reactivación del mismo.
Esta falacia, impulsada por quienes siempre quieren ganar más a costa del bolsillo de los laburantes, es muy contradictoria, porque las inversiones y un plan de industrialización con un buen poder adquisitivo de quienes trabajan para mover el consumo interno, sería una verdadera medida para salir del estancamiento que nos encontramos hoy en día.
El desmembramiento de los derechos laborales es un acto de injusticia y error conceptual, que profundiza desigualdades y resquebrajan el marco jurídico por el cual se amparan los hombres y mujeres que pretenden tener una vida digna.
Retroceder 78 años y potenciar desigualdades está muy lejos de lograr “poner a la argentina de pie”. Para reconstruir una sociedad justa se precisa justicia social y para ello, entre muchas otras cosas, derechos laborales claros, que se respeten y que no busquen que sea más miserable la vida de quien se levanta todas las mañanas a ponerle el lomo al país.
