Por Máximo Brizuela, secretario General:
En los últimos días, el Poder Ejecutivo Nacional anunció el inicio del proceso de venta de cuatro centrales hidroeléctricas estatales: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Esta medida representa un nuevo avance en el proceso de desprendimiento de activos estratégicos, fundamentales para el desarrollo y la soberanía energética de nuestro país. De concretarse, estas centrales quedarán en manos de empresas privadas que, lejos de priorizar una visión de largo plazo, suelen actuar bajo una lógica de rentabilidad inmediata, sin considerar el impacto estructural para la Nación.
Según el decreto oficial, las privatizaciones deberán concretarse en los próximos 60 días. Aunque se exige a las empresas compradoras el cumplimiento de ciertos requisitos, la experiencia histórica en nuestro país nos demuestra que entregar el control de la generación energética a actores privados no es el camino correcto. La energía es la base de cualquier proyecto de desarrollo e industrialización sustentable.
Del mismo modo en que advertimos sobre el grave error que implicaría privatizar la empresa NASA, hoy denunciamos también la falta de inversión estatal y la ausencia de un plan ambicioso en materia de energía nuclear, con nuevas centrales que permitan ampliar nuestra capacidad de generación.
Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, nuestra preocupación no se limita únicamente a la posible pérdida de fuentes de trabajo o al cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo —especialmente en un contexto donde se impulsa una reforma laboral regresiva—, sino que también denunciamos una concepción de país excluyente, que abandona la idea de un desarrollo con inclusión, empleo digno y salarios justos.
Estamos convencidos de que no se construye futuro regalando nuestras empresas y recursos estratégicos, ni renunciando a las inversiones necesarias en infraestructura para agregar valor a nuestra producción y potenciar nuestras exportaciones.
La venta de estas centrales se da en un contexto de desmantelamiento del Estado, guiado más por el capricho ideológico que por una planificación racional. No hay un proyecto de país que busque consolidar la soberanía energética, impulsar la producción o fortalecer el rol del Estado como garante del bienestar común. Se trata, simplemente, del reparto de los bienes de todos los argentinos y argentinas, para vaciar la Nación desde adentro.
El desguace del Estado avanza, acompañado por la pérdida de derechos y el deterioro constante de las condiciones de vida del pueblo. Esta, al parecer, es la nueva concepción de libertad.
