Editorial, por Máximo Brizuela
Entre el 29 y el 30 de mayo, Córdoba y la Argentina vivieron uno de los levantamientos populares más importantes de su historia. Trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos, junto a estudiantes, protagonizaron una revuelta que puso en jaque al gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, quien había tomado el poder de forma ilegítima en 1966 tras derrocar al presidente constitucional Arturo Umberto Illia.
Este quiebre en la historia nacional comenzó con una gran huelga general, brutalmente reprimida, que dejó un trágico saldo de muertos y detenciones.
El Cordobazo dejó una marca imborrable en la memoria colectiva: la fuerza de las organizaciones gremiales unidas, luchando por la dignidad de la clase trabajadora frente a un gobierno tiránico.
Hoy, 56 años después, vivimos un preocupante deterioro institucional y democrático. A pesar de las conquistas obtenidas desde el retorno de la democracia, se intenta nuevamente prohibir el derecho a huelga. Cada miércoles, se reprime a jubilados y jubiladas que se reúnen pacíficamente para manifestar su descontento ante políticas que los marginan aún más.
Los problemas reales de un país no se resuelven silenciando el disenso ni prohibiendo el derecho a expresarse. Ni en el pasado fue una solución, ni lo será en el presente.
El decreto 340/2025, que pretende restringir el derecho a huelga, constituye un acto de gobierno ilegal e ilegítimo. Se impone mediante métodos alejados de los principios republicanos, asemejándose peligrosamente a formas autocráticas.
“La limitación del derecho a huelga debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, expresó la CGT en un comunicado.
No se puede construir una Argentina justa si se silencian las voces críticas y no se permite expresar el descontento. No es descabellado pensar que esta medida es solo el inicio de un camino de regresión en derechos laborales y en la dignidad de quienes luchan por llegar a fin de mes.
Presionar a los sectores que sostienen al país con su trabajo diario es un grave error. Pero como a lo largo de la historia, ante cada atropello, estaremos las organizaciones gremiales para evitar que se silencie la voz del pueblo, que solo reclama dignidad.
