Por Máximo Brizuela, secretario General:
Esa pregunta fue una de las tantas frases de los carteles de la marcha Federal Universitaria, en defensa de la ley de financiamiento Universitario, en la que miles y miles de personas de todo el país se movilizaron para defender la educación pública y de calidad, frente al ataque del gobierno nacional en su anuncio de vetar la ley.
Luego de algunas horas de las masivas movilizaciones, el presidente reiteró «el veto».
Este miércoles, en el Congreso de la Nación, tratarán la medida, y al parecer el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para sostener la voluntad del poder ejecutivo, por lo tanto se están anticipando a que irán a la justicia.
La educación superior es un derecho de toda los ciudadanos y ciudadanas, garantizado por la Constitución Nacional y financiado con fondos públicos a través del presupuesto que aprueba el Congreso.
Dicho presupuesto para las altas casas de estudio cayó un 30% en términos reales, en comparación con 2023, y se encuentra en los niveles más bajos desde 2004, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
A su vez, desde noviembre de 2023, los salarios docentes universitarios cayeron un 23,7% según la CONADU.
El apoyo de la sociedad en defensa de la educación y sus docentes nos muestra que estamos del lado correcto de la historia. Si no valorizamos su tarea, y no luchamos por salarios dignos, estamos condenados.
La educación pública tiene que ser de calidad y no puede ser desfinanciada o considerada como un gasto extra. Muchos dijeron que la movilización fue política. ¿Desfinanciar la educación no lo es?
