El pasado miércoles 20 de mayo la institucionalidad democrática de Córdoba se vio empañada una vez más por quienes conducen los destinos de la Provincia.
En una jugada política que solo puede ser calificada como traicionera, injusta y carente de legitimidad popular, la Legislatura sancionó la Ley. 10694, cuyo nombre no escribiremos ya que es un despropósito falaz y una absoluta mentira retórica.
La nueva Ley fue aprobada por amplia mayoría oficial. Tuvo, como era de esperarse, una defensa acérrima de los legisladores de Hacemos por Córdoba, pero carentes de argumentos, eludiendo opinar de las formas en las que se presentó el proyecto y justificando cada punto con un simple, “es necesario”.
Según lo detallado en la ley, alguno puntos que podemos remarcar son que los haberes se calcularán en relación a lo percibido durante los últimos 10 años (4 en la actualidad) y que el porcentaje recibido será del 70%, quitando un 5%, además del beneficio de pagar el 100% de haberes durante el primer año a un pensionado.
No es la primera vez que el gobierno provincial, precedido por el mismo signo político hace un ajuste a la Caja. Lo que nos hace concluir que hay algún tipo de inoperancia, falta de idea e ingenio por parte de quienes presiden el Ejecutivo desde hace más de 20 años. No hay ideas para repensar una redistribución de ingresos más justa, para buscar una solución a un déficit que sí existe, pero que puede saldarse de otras formas.
Esas maneras, osadas para los hombres y mujeres enquistados en el poder, suelen ser un límite que muchas veces la cobardía política no está dispuesta hacer, porque implica traspasar un límite donde se afectan los intereses de las grandes fortunas de los amigos del poder. Eso sí, si hay pasar la tijera que sea con la plata de los trabajadores y trabajadoras.
Esta no es una postura antipatronal, empresarial y demás. Empresarios y trabajadores son importantes para el desarrollo de un país, para ponerlo de pie de esta crisis presente y la que se avecina. Pero por sentido común podemos concluir que quién gana más, debe aportar más. Con esto nos referimos a aquellas personas que amasan sumas de dinero que ni sus bisnietos llegarán a gastar.
6500 millones de pesos es el número que la Provincia de Córdoba le confiscó a los jubilados/as y pensionados/as de la Caja Provincial. Todas las jubilaciones que estén por arriba de los 68 mil pesos serán tocadas a la baja.
Alguien puede decirnos que eso es una fortuna, tomando como parámetros los costos de vida de la Argentina en la actualidad. Ni hablar si analizamos el asunto desglosando los aportes que un trabajador activo ha hecho toda su vida, sumado a la quita por impuesto a las ganancias.
Hay jubilados que cobran menos que ese monto, es también una realidad, pero porque redondear a la baja, cuando, como ya hemos dicho, no se toca ningún impuesto a las grandes fortunas, muchas de ellas partícipes necesarias en las crisis cíclicas de deuda de nuestro país, a través de la bicicleta financiera y la fuga de capitales, sin nombrar las grandes evasiones fiscales que hacen.
También podríamos pensar que después de 20 años… ¿Quién se hace cargo y cuáles son las consecuencias de aquellos que hicieron desmanejos en la Caja y aún no hacen? Para luego emparchar castigando aún más a los trabajadores y trabajadoras que aportaron durante toda una vida.
El contexto tampoco puede escapar al análisis. Se da en medio de una pandemia. En un momento en donde por razones de salud pública las organizaciones gremiales nos vemos impedidas de tomar acciones y reclamar con firmeza nuestra postura, que a priori era una convocatoria para discutir el asunto.
Se perdió una valiosa oportunidad de encontrar una solución consensuada entre todos los partidos y actores que involucran al tema. Un tema tan importante que debía convertirse en una política de Estado, hoy es un capricho desleal de este unicato cordobés que nos gobierna.
Hoy sólo nos queda masticar esta injusticia e ir por la vía judicial. Los asesores legales del Sindicato Regional de Luz y Fuerza ya están trabajando al igual que los de otras organizaciones gremiales. Queremos creer en las instituciones democráticas y que las mismas harán justicia para evitar esta confiscación.
La lucha recién empieza y los trabajadores se unieron para dar batalla, amparados en nuestros derechos.
